REAL DECRETO SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES 

Real Decreto 1095/1984, de 29 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de protección de menores ([1])

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgá-nica 3/1983, de 25 de febrero, en su artículo 26.18, establece la competencia exclusiva de la misma en materia de asistencia social. En consecuencia, procede traspasar a esta Comunidad Autónoma los servicios del Estado inherentes a tal competencia.

Por otra parte, el Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid (1).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, ésta adoptó, en su reunión del día 29 de diciembre de 1983, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, a propuesta de los Ministros de Justicia y Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 29 de febrero de 1984,

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para la Comunidad de Madrid de fecha 29 de diciembre de 1983, por el que se traspasan funciones del Estado en materia de protección de menores a la Comunidad de Madrid, así como los correspondientes servicios e instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Artículo 2.

1. En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad de Madrid las funciones a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real Decreto y asimismo traspasados a la misma los servicios del Consejo Superior de Protección de Menores y los bienes, derechos y obligaciones, así como el personal, créditos presupuestarios y documentación y expedientes que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Artículo 3.

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1984, señalado en el acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que la Administración del Estado produzca hasta la entrada en vigor del presente Real Decreto los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo a este Real Decreto.

Artículo 4.

1. Los créditos presupuestarios que figuran detallados en la relación 3.2 ([2]) como "bajas efectivas" en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1984 serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32, destinados a financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Justicia los certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984.

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del coste efectivo, recogidos en la relación 3.3 ([3]), se librarán directamente, sin necesidad de proceder a modificaciones presupuestarias de ninguna clase, por el Ministerio de Justicia, Obra de Protección de Menores a la Comunidad de Madrid, cualquiera que sea el destinatario final del pago, de forma que esta Comunidad Autónoma pueda disponer de los fondos con la antelación necesaria para dar efectividad a la prestación correspondiente en el mismo plazo en que venía produciéndose.

Artículo 5.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

Don - - - - - - - - - - - - - y doña - - - - - - - - - - - - -, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el día 29 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Madrid de las funciones y servicios del Estado en materia de protección de menores, en los términos que a continuación se expresan:

A) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias y legales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución, en su artículo 148.1.20.0, establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de asistencia social, y en el artículo 149.1.6.0 y 8.0, se reserva el Estado la competencia exclusiva sobre la legislación penal, penitenciaria y civil. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 26.18 ([4]), que corresponde a la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva en materia de asistencia social.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias procede efectuar traspasos de funciones y servicios correspondientes a la materia de instituciones de protección y tutela de menores a la Comunidad de Madrid.

El Decreto de 2 de julio de 1948 y demás disposiciones complementarias atribuyen al Consejo Superior de Protección de Menores determinadas competencias sobre protección de menores, con la finalidad de que esta Institución gestione la inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los Organismos y servicios protectores.

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma e identificación de los servicios que se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, las siguientes funciones que venía realizando la Administración del Estado:

a) En materia de protección y tutela de menores, la inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los Organismos y servicios de protección de menores.

b) En los términos que se establecen en los párrafos siguientes, se encomienda a la Comunidad de Madrid la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos públicos, así como el rendimiento producido por el mismo, que se destinará a financiar los servicios traspasados, cuando el hecho imponible se realice en el ámbito territorial de la Comunidad.

El ejercicio de tales funciones por parte de la Comunidad Autónoma se acomodará con carácter general a lo dispuesto por el artículo tercero de la Ley 30/1983, y específicamente por la base novena de la Ley de Presupuestos de 1910 y el Decreto de 23 de julio de 1953.

El conocimiento de las correspondientes reclamaciones económico-administrativas que puedan producirse se seguirá realizando por los Tribunales Económico-Administrativos Provinciales.

La Comunidad Autónoma se subrogará, a partir de la entrada en efectividad de los traspasos, en los derechos y obligaciones de la Administración del Estado en relación con las mencionadas funciones, siendo de aplicación lo previsto al respecto por las disposiciones transitorias primera, números 2 y 3, y segunda de la Ley 30/1983.

2. Se traspasan a la Comunidad de Madrid los siguientes servicios e instituciones de su ámbito territorial:

a) Junta Provincial de Protección de Menores de Madrid ([5]).

b) Centros:

Colegio "Santos Niño Justo y Pastor".

Colegio "Santa Luisa de Marillac".

Residencia *Santo Ángel".

Casa de clasificación femenina "Sagrada Familia".

Colegio "Sagrada Familia" (niñas).

Colegio "Sagrada Familia" (niños).

Centro "Luis Amigó".

Colegio "Sagrado Corazón de Jesús".

C) Funciones que se reserva la Administración del Estado.

Permanecerán en el Ministerio de Justicia (Consejo Superior de Protección de Menores) y seguirán siendo de su competencia, para ser ejercidas por el mismo, las siguientes funciones y actividades que tiene legalmente atribuidas:

1. Los Tribunales Tutelares de Menores, cuya función es la corrección de menores de dieciséis años, infractores de las leyes penales, cuya organización, atribución y funciones, en cuanto no incidan en la gestión, régimen y funcionamiento de los Centros y servicios transferidos, es objeto de la Ley y Reglamento especiales de esta jurisdicción.

2. Los Centros piloto de carácter nacional, transitoriamente, en cuanto cumplan con tal finalidad.

3. La coordinación de los Centros de reforma y la coordinación y orientación de los de muy difíciles.

4. Las estadísticas nacionales.

5. El estudio, investigación, publicaciones nacionales, planes nacionales de formación de educadores, programas experimentales, congresos nacionales, relaciones y programas internacionales.

D) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad de Madrid los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inventario de-tallado de la relación adjunta número 1 ([6]). Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuerdo por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable.

3. Será de cargo de la Administración del Estado el coste derivado del cumplimiento y ejecución por la Comunidad de Madrid de las sentencias judiciales que se pronuncien en los procesos iniciados con anterioridad a la fecha de efectividad del traspaso, o en los que iniciados después de dicha fecha tengan por objeto el reconocimiento de derechos o situaciones jurídicas perfeccionadas con anterioridad a la misma, cuando tales sentencias así las declaren, y siempre que se notifique a la Administración del Estado en tiempo y forma a efectos de que en tiempo hábil pueda personarse debidamente.

E) Personal adscrito a los servicios e instituciones que se traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones traspasados y que se referencia en la relación adjunta número 2 ([7]), pasará a depender de la Comunidad Autónoma, en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada paso aplicables, y en la mismas circunstancias que se especifican en la relación adjunta número 2 y con su número de Registro de Personal.

Por el Consejo Superior de Protección de Menores y, en su caso, por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como los certificados de haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1983, procediéndose por la Administración el Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los traspasos operados.

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

No existen puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios a la fecha del traspaso, por lo que no se adjunta la correspondiente relación.

G) Valoración definitiva de las cargas financieras de los servicios traspasados.

G.1. El coste efectivo que, según presupuesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios que se traspasan a la Comunidad, se eleva con carácter definitivo a 550.693.700 pesetas, según detalle que figura en la relación adjunta número 3.1 ([8]).

G.2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los gastos originados por el desempeño de los servicios que se trasapasan durante el ejercicio de 1984 comprenderán las siguientes dotaciones:

G.3. El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de valoración 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la siguiente forma:

G.3.1. Transitoriamente, mientras no entre en vigor la correspondiente Ley de participación en los tributos del Estado, mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos componentes del coste efectivo, por los importes que se indican en la relación 3.1, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos:

G.3.2. Las posibles diferencias que se produzcan durante el período transitorio, a que se refiere el apartado G.3.1 respecto a la financiación de los servicios transferidos, serán objeto de regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una Comisión de liquidación, que se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

H) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes a partir de la publicación del Real Decreto por el que se aprueba este acuerdo.

La resolución de los expedientes en tramitación se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio.

I) Fecha de efectividad de la transferencia.

El traspaso de funciones y servicios, así como los medios objeto de este acuerdo, tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 1984.

ANEXO II

Disposiciones legales afectadas por la presente transferencia

Por el apartado B.1.a). Decreto de 2 de julio de 1948.

Por el apartado B.1.b). Decreto de 23 de julio de 1953.