Real Decreto 2058/1985, de 9 de octubre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Madrid en materia de reforma y desarrollo agrario ()
El
Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento
a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad de Madrid.
De
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el
funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, ésta adoptó en su reunión del día 21 de marzo de 1984 el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.
En
su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, a propuesta de los
Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administración Territorial
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de
octubre de 1985,
DISPONGO:
Artículo
1.
Se
aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de
marzo de 1984 por el que se traspasan funciones del Estado en materia de
reforma y desarrollo agrario a la Comunidad de Madrid y se le traspasan los
correspondientes servicios e instituciones y medios personales, materiales y
presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllos.
Artículo
2.
1. En consecuencia, quedan traspasadas a la
Comunidad de Madrid las funciones a que se refiere el acuerdo que se incluye
como anexo I del presente Real Decreto, así como los bienes, derechos y
obligaciones, y el personal y créditos presupuestarios que figuran en las
relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y
condiciones que allí se especifican.
2. En el anexo II de este Real Decreto se
recogen las disposiciones legales afectadas por el presente traspaso.
Artículo
3.
Los
traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del
día señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación produzca hasta la
entrada en vigor de este Real Decreto los actos administrativos necesarios para
el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo que transcribe como anexo
I del presente Real Decreto.
Artículo
4.
Los
créditos presupuestarios que se determinen con arreglo a la relación 3.2 ()
serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32, destinados
a financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que
se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los certificados de retención
de créditos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado vigente.
Artículo
5.
El
presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
ANEXO I
Doña
Concepción Tobarra Sánchez y doña Guillermina Angulo González, Secretarias de
la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía de Madrid,
CERTIFICAN:
1. Que la sesión plenaria de la Comisión
celebrada el día 21 de marzo de 1984 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad de Madrid de las funciones y servicios de reforma y desarrollo
agrario.
2. Que el día 12 de septiembre de 1985, en
la sesión plenaria de la Comisión Mixta se ratificó el referido acuerdo, en los
términos que a continuación se reproducen:
A) Referencia a las normas
constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara la tranferencia.
La
Constitución, en el artículo 148.1.7, establece que las Comunidades Autónomas
podrán asumir competencias en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenación general de la economía, y, en el artículo 149.1, que el
Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.0 La regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.
3.0 Relaciones internacionales.
8.0 Legislación civil.
13. Bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
18. Legislación sobre expropiación
forzosa.
22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma y la
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a
otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecta a más
de una Comunidad Autónoma.
31. Estadística para fines estatales.
Por
su parte, el Estatuto de Autonomía de Madrid, en su artículo 26 establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma la plenitud de la función legislativa entre
otras en materias de:
4. Las obras públicas de interés de la Comunidad, dentro de su
propio territorio.
7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación
general de la economía.
8.
Los proyectos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad.
11.
El fomento del desarrollo económico de la Comunidad de
Madrid, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
Asimismo
establece en su artículo 27 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid
el desarrollo legislativo, incluida la potestad reglamentaria y ejecución en el
marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la
misma establece entre otras materias:
2. El régimen de los montes y
aprovechamientos forestales con especial referencia a los montes vecinales en
mano común, montes comunales, vías pecuarias, pastos y régimen de las zonas de
montaña.
4.
Ordenación y planificación de la actividad económica
regional en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco de este
Estatuto.
Por
último, en el artículo 28 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Madrid, en los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que
en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva entre
otras en la materia de:
7. Estadística para fines de interés de la Comunidad ().
En
este sentido, deben considerarse las funciones que se encomiendan, explícita o
implícitamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en
particular al IRYDA, a través de las disposiciones que a continuación se
reseñan, las cuales regulan básicamente las actuaciones del Instituto en
materia de reforma y desarrollo agrario, así como la creación, naturaleza y
relaciones con el IRYDA de la "Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima"
(TRAGSA), constituida con la finalidad de contribuir a la realización de los
objetivos de reforma y desarrollo agrario previstos en la Ley del mismo nombre.
-
Ley de 16 de diciembre de 1954
sobre expropiación forzosa.
-
Ley de 21 de julio de 1971 de
creación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
-
Ley de 12 de enero de 1973 de
reforma y desarrollo agrario.
-
Ley de 16 de noviembre de 1977
sobre fincas manifiestamente mejorables.
-
Ley de 31 de diciembre de 1980,
de arrendamientos rústicos.
-
Ley de 30 de junio de 1982 de
agricultura de montaña.
-
Estatuto de 24 de diciembre de
1981 de la explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes.
-
Reales Decretos 379/1977, de 21
de enero; 1773/1977, de 11 de julio; 2545/1978, de 25 de agosto, y 424/1984, de
8 de febrero, relativos a la creación, naturaleza y relaciones con el IRYDA de
la "Empresa de Tranformación Agraria,
Sociedad Anónima" (TRAGSA).
Sobre
la base de las previsiones, constitucionales y estatutarias citadas, procede a
operar ya en este campo traspasos de funciones y servicios de tal índole a la
Comunidad de Madrid.
B) Funciones de la Administración
del Estado que asume la Comunidad Autónoma.
1.1 Se traspasa a la Comunidad de Madrid
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo y de los
Reales Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se publiquen en el *Boletín Oficial del Estado+, las siguientes funciones que venía
realizando la Administración del Estado.
a) Programar, de acuerdo con las bases de planificación general y
la ordenación general de la economía, la realización de todas las actuaciones
en materia de reforma y desarrollo agrario de interés de la Comunidad Autónoma.
b) Acordar y realizar las actuaciones de reforma y desarrollo
agrario de interés de la Comunidad Autónoma, en particular las correspondientes
a las zonas y comarcas previstas en el libro tercero de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario.
c) Acordar y ejecutar las acciones que tienen por finalidad la
adquisición y redistribución de la propiedad rústica y el cumplimiento de su
función social, dentro del marco de la legislación del Estado sobre
expropiación forzosa, de la legislación básica que regula la libertad de
Empresa, la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
cumplimiento de los deberes constitucionales y las bases y la ordenación de la
actividad económica general y de acuerdo con lo establecido en el apartado D.5.
d) Acordar y realizar las actuaciones de interés de la Comunidad
Autónoma en las zonas de Agricultura de Montaña de acuerdo con lo establecido
en la Ley que las regula.
e) Ejecutar actuaciones en materia de competencia estatal, de
acuerdo con lo señalado en el apartado D.4.
f) Realizar las actuaciones que corresponden al Ministerio de
Agricultura, Pesca y -Alimentación y al IRYDA en materia de permutas forzosas,
concentraciones de carácter privado y las previstas en la Ley de Arrendamientos
Rústicos. En todo caso la elaboración del índice de precios percibidos por los
agricultores, continuará siendo competencia de la Administración del Estado.
g) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los
tratados y convenios internacionales relativos a la reforma y desarrollo
agrario, en lo que afecten a materias atribuidas a su competencia.
h) Realizar los estudios previos, trabajos de investigación,
informes, propuestas, divulgaciones y publicaciones oportunas para programar,
resolver, llevar a cabo y evaluar las actuaciones que le corresponden y
recabar, en su caso, la información que a tal efecto le será proporcionada por
la Administración del Estado.
2.1 Se traspasan a la Comunidad de Madrid
los medios que se especifican en las relaciones correspondientes ().
C) Funciones que se reserva la
Administración del Estado.
Permanecerán
en la Administración del Estado las siguientes funciones que tiene legalmente
atribuidas y realizar los servicios que se citan:
a) La coordinación general de las acciones en materia de reforma y
desarrollo agrario, en el marco de lo previsto en el artículo 149.1 de la
Constitución.
b) Ejercer, en relación con la reforma y desarrollo del sector
agrario, las competencias que en materia de ordenación general de la economía y
de planificación de la actividad económica le confiere la Constitución.
c) La legislación en materia de expropiación forzosa y el
ejercicio de las facultades que en la misma se le atribuya en el marco de la
legislación de desarrollo del artículo 33 de la Constitución.
d) Obras públicas y planes de actuaciones de interés general de la
nación o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma sin perjuicio
de lo señalado en el apartado D.4.
e) Las relaciones internacionales en materia de reforma y
desarrollo agrario, informando de la elaboración de tratados y convenios a la
Comunidad Autónoma, en cuanto afecten a materias de su específico interés y sin
perjuicio de la competencia de aquélla en orden a su ejecución dentro de su
ámbito territorial.
f) Las estadísticas para fines
estatales.
g) Realizar los estudios previos, trabajos de investigación,
información, divulgaciones y publicaciones oportunas para programar, llevar a
efecto y evaluar las actuaciones que le corresponden, y recabar de la Comunidad
Autónoma la información que sea precisa sobre la actuación que ésta desarrolle
en el ejercicio de sus propias competencias. Tal información será accesible y
podrá ser utilizada por todas las Comunidades Autónomas.
D) Funciones en que han de
concurrir la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y formas de
cooperación.
La
Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid desarrollarán de
manera compartida las siguientes funciones:
1.
Ejecución de obras por TRAGSA .
Se seleccionarán de común acuerdo, en
base a las previsiones de la Comunidad Autónoma y de la Administración del
Estado, las obras cuya ejecución estará obligada a realizar la Empresa estatal
TRAGSA, en su calidad de servicio técnico de la Administración y de acuerdo con
la legislación vigente.
Sin perjuicio de lo que se establezca
en el futuro sobre el régimen de las Sociedades estatales, las relaciones entre
Comunidad Autónoma, el Instituto y TRAGSA podrán re-gularse por los convenios
que al efecto se -concierten entre las partes. Entre tanto, se mantendrá el
régimen jurídico actualmente vigente, siendo de aplicación a la Comunidad
Autónoma lo establecido para el Instituto en el Real Decreto 1773/1977, de 11
de julio, y considerándose por tanto las obras que a título obligatorio realice
la Empresa en el territorio de la Comunidad Autónoma, por orden de ésta, como
ejecutadas directamente por la misma.
Asimismo, durante este período
transitorio cualquier modificación del régimen jurídico actualmente vigente
sobre las relaciones entre el IRYDA y TRAGSA habrá de llevarse a cabo oída
previamente la Comunidad Autónoma en cuanto pudiera afectar a ésta, que no
quedará vinculada a nuevos compromisos derivados de tales modificaciones en
caso de no resultarle de interés, siempre que así lo manifieste expresamente
cuando le sean formalmente comunicadas por el IRYDA las citadas modificaciones.
En todo caso, la Comunidad Autónoma
participará con el IRYDA en la elaboración periódica de las tarifas que
servirán de base para la ejecución de obras por TRAGSA.
2. Auxilios económicos.
Los
auxilios económicos serán gestionados por la Comunidad Autónoma de acuerdo con
las normas específicas señaladas al efecto con carácter general por el Gobierno
de la nación.
3. Regadíos.
Para
asegurar la mejor ordenación y aprovechamiento de los recursos en aguas y
tierras se establecerán fórmulas de coordinación entre ambas Administraciones. En
todo caso, los regadíos deberán cumplir las normas básicas de la Administración
del Estado sobre la adopción de sistemas de riegos y las orientaciones
productivas que deban fomentarse, en el marco de la planificación general de
los regadíos, la ordenación general de la economía y la regulación de los
recursos básicos de la economía nacional.
4. Obras públicas y planes de actuación de
interés general de la nación o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
Previo acuerdo entre ambas Administraciones
y con los apoyos técnicos y administrativos que sean señalados en cada caso, la
Comunidad Autónoma ejecutará las actuaciones de la competencia del Estado en la
materia que le sean encomendadas por éste.
En cuanto a las zonas actualmente
vigentes declaradas de interés nacional, la Comunidad Autónoma ejecutará todas
las actuaciones ya planificadas para su ejecución por el IRYDA en su
territorio. Para los planes pendientes, el Plan General de Transformación, en
su caso, que será aprobado por el Consejo de Ministros, se elaborará con la
participación de la Comunidad Autónoma y los planes de obras se aprobarán por
ambas Administraciones a propuesta de las Comisiones Técnicas correspondientes.
A dichas Comisiones, que adaptarán al efecto su estructura orgánica y fun-ciones,
con representación de ambas Administraciones, les corresponderá igualmente el
seguimiento de los planes.
Su ejecución corresponderá de ordinario
a la Comunidad Autónoma y su financiación se realizará por una y/u otra
Administración.
En
las zonas de este tipo con trabajos y estudios previos ya iniciados, se
continuarán éstos conjuntamente por ambas Administraciones, determinándose como
consecuencia de los mismos la clase de actuaciones que en cada caso proceda
acordar por la Administración que resulte competente.
5. Fincas mejorables.
La Comunidad Autónoma
realizará las actuaciones relativas a las fincas manifiestamente mejorables
determinando éstas conforme a los supuestos señalados en la Ley 34/1979. Tales
actuaciones se acomodarán a las normas básicas establecidas o que puedan
establecerse y a los criterios que en las mismas se determinen a los efectos
del artículo 149.1.1 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma determinará, en las
comarcas mejorables, las fincas a las que se impongan planes individuales de
mejora conforme a lo establecido en los planes comarcales correspondientes. Las
directrices de mejora se ajustarán a las orientaciones productivas de carácter
general y las características de las fincas respetarán las normas en las que se
contengan los criterios básicos determinados a los efectos del artículo 149.1.1
de la Constitución.
El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confeccionará, con ámbito
nacional, un Registro administrativo de todas las fincas mejorables, a cuyo
efecto la Comunidad Autónoma le remitirá copia de la disposición por la que
cada finca haya sido calificada como tal, sin perjuicio de suministrar los
datos complementarios que sobre las características de las mismas le sean
solicitados.
6. Unidades mínimas de cultivo.
La
extensión de las unidades mínimas de cultivo se señalará y revisará mediante
Decreto aprobado y promulgado por la Comunidad Autónoma, en el marco de la
planificación y ordenación económica general y de la regulación a que se
refiere el artículo 149.1 de la Constitución ().
7. Mecanismos de colaboración y
coordinación.
7.1. La Administración del Estado y la Comunidad Autónoma
colaborarán intercambiándose la información existente sobre la materia, así
como en la realización de estudios, seminarios y cuantas actividades y apoyo
técnico sean considerados de interés para ambas Administraciones.
7.2. La Comunidad Autónoma facilitará información a la
Administración del Estado para el análisis y evaluación de las distintas
acciones realizadas tanto a nivel de explotaciones agrarias como en zonas y
comarcas.
7.3. Las actuaciones de reforma y desarrollo agrario en el ejercicio
de las funciones y competencias concurrentes que así lo requieran se
coordinarán a través de los órganos colegiados que reglamentariamente se
establezcan.
7.4. La Comunidad Autónoma estará obligada positivamente a cumplir
los planes, programas, objetivos, directrices y orientaciones en que se
concreten las competencias del Estado, así como a realizar aquellas actuaciones
que, por su conexión con los intereses generales de la nación se determinen en
tales instrumentos.
7.5. El Estado podrá instar y requerir a la Comunidad Autónoma para
la ejecución de tales actuaciones y, en último extremo si no se procediese a su
ejecución, podrá sustituir a la Comunidad Autónoma en la misma.
7.6.
En evitación de soluciones de continuidad en la
realización de las diversas actuaciones en curso, que podrían redundar en
perjuicio de los administrados, con carácter transitorio y en la medida de lo
necesario, de conformidad entre ambas Administraciones:
a) El IRYDA podrá seguir comprometiendo crédito y ordenando pagos
con cargo a cualquier concepto presupuestario por cuenta de la Comunidad
Autónoma.
b) Los funcionarios, traspasados o no a la
Comunidad Autónoma, podrán continuar realizando los actos administrativos y
funciones que venían desempeñando hasta el presente, conservando al efecto las
atribuciones necesarias, sin que ello signifique en ningún caso menoscabo de
las competencias de una y otra Administración.
E) Bienes, derechos y obligaciones
del Estado que se traspasan.
1. Se traspasan a la Comunidad de Madrid
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inventario
detallado de la relación adjunta número 1 (),
donde quedan identificados los inmuebles afectados por el traspaso. Estos
traspasos se formalizarán de acuerdo con lo establecido en su Estatuto y demás
disposiciones en cada caso aplicables.
2. En el plazo de un mes desde su
publicación del Real Decreto que apruebe este acuerdo, se firmarán las
correspondientes actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material
inventariable.
F) Personal adscrito a los
servicios que se traspasan.
1. El personal adscrito a los servicios
traspasados y que se referencia nominalmente en la relación adjunta número
2 (),
pasará a depender de la Comunidad de Madrid, en los términos legalmente
previstos por su Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso
aplicables, y en las mismas circunstancias que se especifican en la relación
adjunta y con su número de Registro de Personal.
2. Por la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se notificará a los interesados el traspaso y
su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente
acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la
Comunidad de Madrid una copia certificada de todos los expedientes de este
personal traspasado, así como de los certificados de haberes, referidos a las
cantidades devengadas durante 1984, procediéndose por la Administración del
Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los
traspasos operados.
G) Puestos de trabajo vacantes que
se traspasan.
Los
puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente que se traspasan son
los que se detallan en la relación adjunta número 2, con indicación del
Cuerpo o Escala al que están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación
presupuestaria correspondiente.
H) Valoración definitiva de las
cargas financieras de los servicios traspasados.
H.1. El coste efectivo que, según la liquidación del presupuesto de
gastos para 1982, corresponde a los servicios que se traspasan a la Comunidad
Autónoma, se eleva con carácter definitivo a 53.533.000 pesetas según detalle que
figura en la relación 3.1 ().
H.2. La financiación, en pesetas de 1985, que corresponde al coste
efectivo anual de los servicios transferidos que se detallan en la relación
3.2 (10), donde se especifica, asimismo, la que corresponde desde la fecha
de efectividad del traspaso hasta 31 de diciembre de 1985.
H.3. Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute para
determinar el porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma en los
ingresos del Estado, dicho coste se financiará mediante la consolidación en la
Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de los créditos relativos
a los distintos componentes del coste efectivo, por los importes que se
indican, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos
en cada Ley de Presupuestos:
|
|
Créditos en pesetas
de 1985
|
|
|
a) Costes brutos:
|
|
|
|
Gastos de personal
|
44.842.000
|
|
|
Gastos de funcionamiento
|
18.778.000
|
|
|
Inversiones para conservación,
mejora y sustitución
|
2.943.000
|
|
|
Total
|
66.563.000
|
|
|
b) A deducir:
|
|
|
Recaudación anual por tasas y
otros ingresos
|
0
|
|
|
Financiación
neta
|
66.563.000
|
|
|
|
|
|
|
Las posibles diferencias que se produzcan
durante el período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior, respecto
a la financiación de los servicios transferidos, serán objeto de regularización
al cierre de cada ejercicio económico mediante la presentación de las cuentas y
estados justificativos correspondientes ante una Comisión de Liquidación que se
constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Durante sesenta días, a partir de la fecha
de publicación del Real Decreto aprobatorio del presente Acuerdo, el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario seguirá asumiendo la gestión y pago de
las obligaciones correspondientes a los capítulos I, II y VI del Presupuesto de
Gastos que sean exigibles en dicho período y correspondan a las funciones y
servicios que se transfieren, y cuyo vencimiento esté previsto por su carácter
periódico o por causas contractuales.
Lo
dispuesto en el párrafo anterior deberá ser considerado al efectuar la
periodificación y cálculo de los créditos a retener y transferir a la Sección
32 de los Presupuestos Generales del Estado, mediante la tramitación del
oportuno expediente de modificación presupuestaria, que se efectuará por el
procedimiento de urgencia.
I) Documentación y expedientes de
los servicios que se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de los
servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la publicación
del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. La resolución de los
expedientes que se hallen en tramitación se realizará de conformidad con lo
previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio.
J) Fecha de efectividad del
traspaso.
El traspaso de funciones y servicios con sus medios,
objeto de este acuerdo, tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 1986.
ANEXO II
Disposiciones legales afectadas por el traspaso de
servicios en materia
de reforma y desarrollo agrario a la Comunidad
Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación
forzosa.
Ley de 21 de julio de 1971, de creación del Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Ley de 12 de enero de 1973, de Reforma y Desarrollo
Agrario.
Ley de 16 de noviembre de 1977, sobre fincas
manifiestamente mejorables.
Ley de 31 de diciembre de 1980, de Arrendamientos
Rústicos.
Ley de 20 de junio de 1982, de Agricultura de Montaña.
Estatuto de 24 de diciembre de 1981, de la explotación
familiar agraria y de los agricultores jóvenes.
Reales
Decretos 379/1977, de 21 de enero; 1773/1977, de 11 de julio; 2545/1978, de 25
de agosto, y 424/1984, de 8 de febrero, relativos a la creación, naturaleza y
relaciones con el IRYDA de la "Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima"
(TRAGSA).
